Llevo unos días que estoy indignada. ¡Indignada de verdad! Y me imagino que te preguntarás por qué, ¿no? Pues porque cada día es más flagrante la idea de que entre todos estamos pagando para que auténticos analfabetos hagan mal su trabajo.
¿Que de quién hablo? Pues de nuestros "estimadísimos" funcionarios y trabajadores de la administración pública. (No pretendo meterlos a todos en el mismo saco, pero es que los hay para tirarse de los pelos.)
Me explico: en Cataluña, para acceder a determinados puestos de funcionario, hay que acreditar unos conocimientos mínimos de lengua catalana. Estos conocimientos tienen que acreditarse mediante un examen (al acceso del puesto) o un certificado, expedido por una institución competente (entre ellas la Generalitat de Cataluña, que es la que establece la normativa reguladora de las titulaciones de catalán). Además, se presupone que el nivel de castellano/español es lo suficientemente bueno como para redactar un documento con una dignidad mínima.
¡Pues no, señor! Estos "trabajadores" demuestran, escrito tras escrito, que sus conocimientos de ortografía y gramática en ambas lenguas es deplorable. Y yo me pregunto: ¿estos señores y señoras habrán ido a la escuela, no?, ¿estos señores y señoras incluso serán bachilleres, diplimados y licenciados, no?
El caso es que yo tengo una sensación de que muchos han accedido al cargo a dedo, por amiguismo, por enchufismo, por nepotismo o como quieras llamarle. Un sistema que impera en este país nuestro de pandereta. Y que, con todo esto, no se mira la imagen que se da de la administración pública.
Que yo ya entiendo que, si uno quiere ser ignorante, tiene todo el derecho a serlo, ¡vaya si no! Pero no a costa de mis impuestos.
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